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El sistema de salud en nuestro país

El presente es un trabajo que inten­ta graficar cómo está compuesto el sistema de salud en nuestro país. Por ello consideramos necesario desmenu­zarlo para poder entender cuál es la situa­ción real de cada una de sus partes inte­grantes.
El sistema de salud argentino está integra­do por tres subsistemas: el público, el pri­vado y el de la seguridad social.

El subsistema público, cuyos recursos pro­vienen del sistema impositivo, provee ser­vicios de salud en forma gratuita a través de una red de hospitales públicos y centros de atención primaria de la salud (aproxima­damente cerca de 15 millones de personas se atienden exclusivamente en este subsis­tema).
El subsistema privado, que se financia a partir del aporte voluntario de sus usua­rios, agrupa bajo la denominación global de empresas de medicina prepaga a un am­plio conjunto de entidades privadas (más de 3,3 millones de afiliados).
Y el subsistema de la seguridad social, que agrupa a:
El Instituto Nacional de Servicios Socia­les para Jubilados y Pensionados o PAMI, que brinda cobertura a aproximadamente 3.200.000 beneficiarios y que fue creado para atender a las personas mayores de 60 años.
Las obras sociales provinciales (más de 5 millones de afiliados).
Las obras sociales de seguridad, Fuerzas Armadas, universitarias y del Poder Legis­lativo y Judicial.
Los agentes del seguro de salud que com­prenden, entre otras, las obras sociales de dirección y las obras sociales sindicales (aproximadamente 11 millones de bene­ficiarios). Estas obras sociales tienen un organismo de control y fiscalización: la Su­perintendencia de Servicios de Salud.

LOS AGENTES DEL SEGURO DE SALUD
Si bien la Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo de control de las obras sociales nacionales, y pese a que las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661son muy precisas en esta definición, resulta necesario aclarar al­gunos ejemplos de otras obras sociales no controladas por la Superintendencia.
No se encuentran incluidas dentro del sis­tema las obras sociales provinciales (por ejemplo, IOMA, de la provincia de Buenos Aires o la Ob.S.B.A, ex IMOS, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como todas las obras sociales o institutos provincia­les), ni las obras sociales que no son del Sistema, como las de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ni tampoco las obras sociales de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal. Tampoco son reguladas por el sis­tema las mutuales (que no hayan adherido al sistema de la Ley Nº 23.660 y Nº 23.661) ni las empresas de medicina prepaga (que no están reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, pero sí están obli­gadas a la cobertura prestacional del Pro­grama Médico), ni los círculos médicos o entidades que ofrezcan servicios médicos prepagos integrales (como las prepagas) o parciales, como por ejemplo las empresas de servicios ambulatorios.
En resumen, sólo las obras sociales nacio­nales (o las que adhieran al sistema de las leyes Nº 23.660 y Nº 23 .661) forman parte del sistema que regula la Superintendencia de Servicios de Salud.

EL SURGIMIENTO DE LAS OBRAS SOCIALES
En nuestro país, ya avanzado el siglo XX, se creó un sistema de seguridad social (obras sociales) cuya finalidad fue financiar ser­vicios médicos y de asistencia preventiva para los beneficiarios. El asistencialismo y la beneficencia social eran el marco de la atención de la salud de los habitantes del país en las primeras décadas del siglo XX. El crecimiento de sociedades de beneficen­cia y de las mutuales relacionadas con las colectividades que llegaron a la Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX fueron la marca de la salud en Argentina.
En el ámbito de la salud, la década del 40 es escenario de un triple nacimiento: el de las demandas sociales de los ciudadanos que ven la atención de la salud como un de­recho, el del Estado “responsable-garante“ del derecho a la salud y el de las organiza­ciones sindicales, estatales y paraestatales que más tarde darán origen al sistema de obras sociales.
Se sucedieron cambios en el mundo (coin­cidentes con la segunda posguerra); de cre­ciente injerencia estatal en la planificación y administración de los servicios de salud; la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS); el impulso del concep­to de salud pública como expresión de la participación del Estado en los problemas sanitarios, en las áreas de interés de los asuntos públicos; se comenzó a hablar en el mundo de los derechos de la salud y de la universalización de la cobertura, etc., lo cuales tuvieron su correlato en nuestro país, pero con las características locales. A partir de 1943, en nuestro país prevalece la idea del Estado prestador, a la vez que planificador hegemónico de la totalidad de los servicios de salud. La expansión de los servicios estatales de salud, al igual que su mejor dotación en recursos humanos y materiales, convirtió al hospital público en un centro de nuevos profesionales y en un lugar de atención médica que ya no estaría destinado sólo a los “indigentes”.
La aparición de las obras sociales instaló la idea de que el servicio social fuera un bien adquirido por todos los argentinos. En 1945, con el apoyo del Estado los sindica­tos empiezan a ocuparse activamente de la seguridad y la salud social y se desarrolla el concepto de “sanitarismo”.
Desde ese entonces se estableció que las obras sociales sindicales sean administra­das por un cuerpo integrado por no más de cinco miembros elegidos por las asociacio­nes sindicales con personería gremial; aso­ciaciones sindicales de la actividad y signa­tarias del convenio colectivo. Es importante señalar la enfática declaración de que las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen y que expresamente se establece que no existirá incompatibilidad entre el desempeño en ta­les cuerpos y la administración de las aso­ciaciones sindicales respectivas.
Por último, los sindicatos comenzaron a preocuparse por proteger la salud de los trabajadores mucho antes que el Estado. En la Argentina este esquema se expandió de forma sostenida a partir de la crisis del 30 y fue alentado desde el gobierno nacio­nal a partir de 1946. Es importante seña­lar, por las distorsiones que ha sufrido este tema, que bajo las dos primeras presiden­cias de General Perón, el modelo de obras sociales constituye la fuente principal de fi­nanciamiento del sistema de salud, siendo coincidente con las características que lo distinguieron a partir del año 1970.
Las décadas del '60 y '70 fueron las de expansión del sistema de obras sociales, como resultado de las políticas de pleno empleo, el auge del sindicalismo como expresión política de la clase trabajadora y la vigencia de la Ley 18.610 y las que la complementan. La necesidad de las autori­dades de concertar con las organizaciones sindicales les permitió conseguir muchas ventajas, entre ellas una fluida financia­ción, que se volcó en la necesaria y primor­dial atención de la salud de sus afiliados, obteniendo un nivel de servicios sumamen­te satisfactorio.
En la actualidad, las obras sociales sindi­cales continúan trabajando con el mismo esfuerzo por cubrir todas las necesidades de salud del conjunto de sus trabajadores/ beneficiarios (en total suman más de 15 millones de beneficiarios), en concordancia con las normativas legales vigentes y en es­pecial dando estricto cumplimentando a lo establecido por el Plan Médico Obligatorio (PMO).

Martín Sancaro
Gerente General de la OSPF

 

 

 


 




 

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